Legislación en España

Legislación relacionada con la publicidad engañosa

Real Decreto 1907/1996 del 2 de agosto sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria. Artículo 4. Prohibiciones y limitaciones de la publicidad con pretendida finalidad sanitaria.


Salvo lo establecido en el artículo 3.1 de este Real Decreto, queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria en los siguientes casos (hemos variado el orden de los casos que se detallan en el Real Decreto, y, en concreto, puesto en primer lugar el número trece por la destacada importancia del mismo, ya que el término «natural» es utilizado de forma masiva como herramienta para el engaño por parte de los timadores pseudocientíficos):

13. Que utilicen el término «natural» como característica vinculada a pretendidos efectos preventivos o terapéuticos.

1. Que se destinen a la prevención, tratamiento o curación de enfermedades transmisibles, cáncer y otras enfermedades tumorales, insomnio, diabetes y otras enfermedades del metabolismo.

2. Que sugieran propiedades específicas adelgazantes o contra la obesidad.

3. Que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades, sin ajustarse a los requisitos y exigencias previstos en la Ley del Medicamento y disposiciones que la desarrollan.

4. Que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta.

5. Que utilicen como respaldo cualquier clase de autorizaciones, homologaciones o controles de autoridades sanitarias de cualquier país.

6. Que hagan referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribución a través de oficinas de farmacia.

7. Que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo.

8. Que pretendan sustituir el régimen de alimentación o nutrición comunes, especialmente en los casos de maternidad, lactancia, infancia o tercera edad.

9. Que atribuyan a determinadas formas, presentaciones o marcas de productos alimenticios de consumo ordinario, concretas y específicas propiedades preventivas, terapéuticas o curativas.

10. Que atribuyan a los productos alimenticios, destinados a regímenes dietéticos o especiales, propiedades preventivas, curativas u otras distintas de las reconocidas a tales productos conforme a su normativa especial.

11. Que atribuyan a los productos cosméticos propiedades distintas de las reconocidas a tales productos conforme a su normativa especial.

12. Que sugieran o indiquen que su uso o consumo potencian el rendimiento físico, psíquico, deportivo o sexual.

14. Que atribuyan carácter superfluo o pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios legalmente reconocidos.

15. Que atribuyan carácter superfluo o pretendan sustituir la consulta o la intervención de los profesionales sanitarios.

16. Y, en general, que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración sanitaria del Estado.

                                                                                                                      Legislación relacionada con las actividades sanitarias

Las pseudoterapias —que ni tienen aval científico ni han pasado por lo tanto por una fase de experimentación a través de ensayos clínicos adecuados— son ofrecidas por diferentes intrusos pseudosanitarios (y lamentablemente por algunos profesionales), como actividades sanitarias destinadas a preservar, conservar y restaurar la salud; actividad esta, que nuestro ordenamiento jurídico reserva de manera muy concreta y específica a las profesiones sanitarias tituladas y reguladas. Profesiones que como es natural deben de implementarse, además de por profesionales, en centros sanitarios autorizados. Pueden ustedes constatar lo que acabamos de afirmar a través, fundamentalmente, de los artículos 2 y 7 de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21340).

Hay que denunciar que esta ley, que establece muy claramente que solamente los profesionales sanitarios pueden realizar actividades destinadas a preservar, conservar y restaurar la salud, no se hace cumplir en muchísimas ocasiones por parte de las Administraciones Públicas. En España hay miles de centros con intrusos, pseudosanitarios y sanitarios que ofertan curaciones a través, además, de falsas terapias. Y multitud de páginas web pseudocientificas que trasgreden las leyes.